La DSA constituye, por primera vez, un conjunto de normas y obligaciones aplicables a los proveedores de servicios digitales que permitirá una mayor protección de los derechos fundamentales de todos los usuarios, establecerá un sólido marco de transparencia e impulsará la innovación y la competitividad en el mercado único europeo.

La DSA contempla normas que han de cumplir los proveedores digitales que ofrecen servicios en el mercado europeo, independientemente de si están establecidos en la UE o fuera de ella. Dentro de la categoría de proveedores digitales se incluyen las plataformas en línea de muy gran tamaño, las plataformas como redes sociales y mercados en línea, los servicios de alojamiento de datos y servicios de intermediación como proveedores de acceso a internet.

Los prestadores de servicios deberán indicar con claridad y actualizar, en sus condiciones generales, información relativa a sus políticas de uso y a las herramientas empleadas para moderar los contenidos, incluyendo los procedimientos internos a través del uso de algoritmos y la revisión humana. Han de emplear un lenguaje claro, sencillo, inequívoco y accesible.

Los prestadores de servicios deberán establecer mecanismos de fácil acceso y uso que permitan que cualquier persona o entidad notifique la presencia de contenidos considerados ilícitos.

Las plataformas en línea otorgarán prioridad a las notificaciones enviadas por los trusted flagger (alertadores fiables). La condición de trusted flagger será otorgada, previa solicitud, por el coordinador de servicios digitales del Estado miembro, a las entidades solicitantes, no a personas físicas, que demuestren cumplir con determinadas condiciones, como poseer conocimientos y competencias para identificar y reportar contenidos ilícitos.

Los alertadores fiables publicarán, al menos una vez al año, informes detallados sobre las notificaciones enviadas a las plataformas incluyendo el número de comunicaciones, el tipo de contenido reportado y las acciones tomadas por el prestador.

Por otra parte, los usuarios de los servicios digitales podrán reclamar e impugnar de manera fácil y efectiva determinadas decisiones de las plataformas en línea referidas al carácter ilícito de los contenidos.

Entre las nuevas obligaciones de los proveedores digitales también se incluye la elaboración de informes de transparencia, la cooperación con las administraciones nacionales y la prohibición de anuncios dirigidos específicamente a los niños y de los que se basan en las características especiales de los usuarios

Las nuevas medidas contempladas en el Reglamento garantizan una mayor protección para los usuarios a través de los reportes de contenidos ilícitos y la supervisión de las plataformas por parte de las autoridades. Los cambios introducidos, en relación con la Ley de Mercados Digitales, ofrecerán más alternativas de consumo para los ciudadanos europeos, que accederán a servicios digitales de mayor calidad y a precios más bajos

Tras la entrada su entrada en vigor, el Reglamento, salvo determinados artículos, será de aplicación a partir del 17 de febrero de 2024.

En España se han registrado, en 2021, un total de 11 delitos de odio de carácter antisemita, según los datos del Ministerio del Interior. Esta cifra supera los registros de 2020, con solo 3 casos, y es la más alta alcanzada desde el año 2014. En cuanto a los datos no oficiales, el Observatorio de antisemitismo en España ha notificado 8 incidentes frente a los 16 de 2020.

El informe hace mención a la labor realizada por el OBERAXE en lo referente a la monitorización del discurso de odio en línea. En los boletines bimensuales publicados en 2021, el porcentaje del discurso de odio antisemita registrado en las redes sociales oscila entre el 1,1% y el 10,8% sobre el total de casos.

Por otra parte, la FRA destaca en España el desarrollo de una estrategia nacional contra el antisemitismo, en consulta con la comunidad judía y enfocada a combatir el discurso de odio y la discriminación, a la protección de la comunidad judía, y a fomentar la educación, la investigación y la memoria del Holocausto.

Otra parte importante del contenido del informe se dedica a presentar el marco legal y jurídico vinculado a la lucha contra el antisemitismo en Europa. Además, se destacan estrategias a nivel nacional y se realiza una aproximación a la definición práctica y no vinculante de antisemitismo según la Alianza Internacional para la Memoria del Holocasuto (IHRA); analizando si los estados la han adoptado para el desarrollo de sus políticas.

En el informe se señala que existen deficiencias persistentes en la recopilación de casos antisemitas que hacen difícil abordar la cuestión de forma efectiva y establecer una comparación fiable de los datos procedentes de diferentes fuentes. Uno de los problemas principales reside en la infradenuncia y en la categorización y el registro inadecuado de los incidentes y delitos de odio. Las diferencias metodológicas y la disparidad de las fuentes en cada estado limitan notablemente la comparabilidad de los datos.

Pese a estas deficiencias, la FRA considera que la desinformación y el odio en internet contra los judíos ha aumentado en el contexto de la COVID-19 y la guerra en Ucrania.

La FRA anima a los estados miembro a mejorar los registros de datos para poder obtener información más sólida y fiable con objetivo de enfocar de manera más efectiva las acciones y planes de antisemitismo.